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FALLOS PLENARIOS

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"Valdez, Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro s/Daños y Perjuicios"


CNCIV. en Pleno

10/11/1994

Cuestión: "Si la responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Cód. Civil".

 

La mayoría en forma impersonal dijo:

 

Se ha convocado a tribunal plenario para unificar criterio acerca de la normativa aplicable en materia de accidentes producidos por la colisión plural de automotores en movimiento, cuestión que ha motivado la propuesta de distintas soluciones.

Durante años la jurisprudencia se inclinó por el criterio conforme al cual tratándose de detrimentos causados por el choque de dos o más automotores en circulación, los riesgos que implican cada uno de ellos se neutralizan y debe resolverse el conflicto sobre la base del factor subjetivo de imputación previsto en el art. 1109 del Cód. Civil.

Sin embargo, la opinión generalizada de nuestra doctrina más moderna considera que la cuestión en análisis debe regirse por la parte final del párr. 2° del art. 1113 del Cód. Civil, pues las presunciones de responsabilidad se mantienen y cada uno de los factores de riesgo debe indemnizar los daños producidos al otro, salvo la prueba de la existencia de eximentes.

Esta es la posición a la cual adhiere esta mayoría en la inteligencia de que la doctrina del riesgo creado incorporado a nuestro ordenamiento por la reforma introducida por la ley 17.711 es el principio rector en materia de responsabilidad civil por el hecho de las cosas. Por otra parte la idea de "neutralización" o "compensación" de riesgos, o más apropiadamente, de presunciones de causalidad, carece de sustento normativo en nuestro sistema jurídico.

No puede dudarse que el automotor en circulación debe reputarse cosa riesgosa, o peligrosa, por la potencialidad de producir daños que lleva en sí misma en las circunstancias de su desplazamiento lo que lleva a reputar que el daño que se causa con su intervención en el hecho fuente es provocado "por la cosa" o "por su vicio o riesgo" y no debe considerarse "hecho del hombre con la cosa". Lo consagró definitivamente la Corte de Casación francesa en 1930, con sus Cámaras reunidas en el célebre "arrêt" Jeand'heur c. Les Galeries Belfortaises, en el que se destacó la ponencia del magistrado Le Marc'Hadour (Henri y León Mazeaud y André Tunc, "Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil , Delictual y Contractual", t. 2-1, núms. 1309 a 1311, ps. 361/467, traducción de la 5a. ed. por Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Ed. E.J.E.A., Buenos Aires, 1961), y en nuestro medio se lo admite cuando se trata de embestida a un peatón. En cambio se prescinde de considerar al automóvil en circulación cosa riesgosa cuando colisiona con otro automóvil en circulación, aunque se introducen variantes que conducen a volver a considerarlo cosa riesgosa cuando los dos vehículos que protagonizan el accidente ostentan distinta peligrosidad --ómnibus o camión que embiste a una motocicleta, automóvil que choca a una bicicleta--, o bien se recurre a la presunción de culpa (art. 1113, parte 1ª, párr. agregado, hecho del hombre "con" la cosa) cuando uno solo de los automotores experimenta daños (votos del doctor Belluscio cuando integraba la sala C, LA LEY , 1975-B, 791/792; ídem, 1975-A, 816, núm. 154; ídem, tomo cit., p. 817, núm. 656), supuesto al que se equiparan los casos en que uno solo de los damnificados reclama indemnización; con igual fundamento --culpa presumida-- cuando se trata de automotor que embiste a otro estacionado (C1ªC y Com. Mar del Plata, Serie Contemporánea 28.676, núm. 15), aunque también en esta hipótesis se ha retornado al fundamento objetivo para volver a reputar cosa riesgosa al automotor embestidor (sala B, LA LEY , 1975-B, 600/601, voto del doctor D'Alessio). Tampoco se aplica la supuesta compensación de riesgos si de la prueba no resulta cuál de los dos vehículos ha sido embestidor y cuál embestido (sala B, JA, 1976-I - 150/151).

Ante esta gama de soluciones que intenta brindar una respuesta satisfactoria a la problemática que deriva de los accidentes de automotores cabe preguntarse: ¿cambia la esencia, el ser ontológico del automotor en marcha según a quién o a qué embista?; ¿es cosa riesgosa si atropella a un peatón o a otro vehículo de menor peligrosidad o a uno estacionado, y deja de serlo si lo hace a otro vehículo también en marcha o detenido por contingencias del tránsito, como el que espera el cambio de luces o la indicación del agente para continuar en marcha? Gnoseológica y axiológicamente, la respuesta negativa se impone, no obstante quienes comparten la tesis de la neutralización dicen que sí porque el riesgo que implica su movimiento se encontraría compensado por el riesgo de similar entidad que implica el movimiento del otro.

El tema se había planteado en Francia donde, desde antiguo cierta tendencia de los fallos de distintos tribunales habían enunciado la tesis de la neutralización de las presunciones para sacar el caso del ámbito del art. 1384 de su Cód. Civil y volver al principio general de su art. 1382, considerado el derecho común en la materia, e imponer al damnificado la prueba de la culpa. Tal postura ha sido refutada por los hermanos Mazeaud, al expresar que en las hipótesis de daño unilateral se presume una sola responsabilidad y no puede haber neutralización; en las de daños recíprocos, para que las presunciones se anulasen, sería preciso que fueran en sentido contrario, por ejemplo que una presumiera la existencia de un hecho y otra su inexistencia, lo que no ocurre cuando hay dos daños que se originan en el mismo choque porque no se trata de una acción única sino de dos acciones, intentadas respectivamente por cada uno de los damnificados contra el guardián de la otra cosa. Como no se responde del daño causado a sí mismo (principio que en nuestro derecho se encuentra recibido en el art. 1111, Cód. Civil), con mucha mayor razón no cabe presumir a cada guardián responsable del daño experimentado por él, de modo que cada presunción actúa en su esfera propia. Concluyen diciendo "el choque ha podido destruir los vehículos, no las presunciones" (ob. cit., t. 2-II, núms. 1530 al 1536, ps. 133/141, y núm. 137 con la evolución de la jurisprudencia, ps. 141/143).

A su vez, hace más de 40 años otro prestigioso autor, después de puntualizar que la Corte de Casación --a diferencia del Consejo de Estado-- descartó acertadamente el criterio de la pretendida neutralización de las presunciones, hace notar que los riesgos de los dos vehículos conducen lógicamente a una doble responsabilidad y no a una ausencia de responsabilidad (René Savatier, "Traité de la Responsabilité Civile en Droit Français, Civil, Administratif, Professionel, Procédural", t. II, núm. 510, p. 73, Librairie Général de Droit et de Jurisprudence, París, 1951, 2ème ed.; el resto del parágrafo se refiere al modo de repartir los daños entre ambos responsables).

En cuanto a la jurisprudencia francesa, se afirmó en el sentido de la aceptación de los riesgos recíprocos (Savatier cita fallos que arrancan de 1928, con notas de Henri Mazeaud, del propio autor, de Esmein, de Picard y de Fréjaville, ob. cit. nota al pie de la p. 73 del tomo cit.). Vale decir que en nuestro medio seguimos discutiendo algo que en Francia goza de pacífica aceptación, aun antes de contar con la ley del 5 de julio de 1985 que reguló el tránsito automotor; y sin haber tenido nunca un apoyo normativo como el que resulta del art. 1113, párr. 2° "in fine", de nuestro Cód. Civil, después de la reforma de 1968.

Este criterio que hoy cuenta con la adhesión de la doctrina ha sido expuesto con sólidos argumentos en destacados trabajos (por ejemplo Aída Kemelmajer de Carlucci, "Responsabilidad en las colisiones entre dos o más vehículos", en el volumen "Temas de responsabilidad Civil. En honor al doctor Augusto H, Morello", ps. 219/232, La Plata , 1991, Ed. Platense, y su colaboración en la obra "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", dirigida por Augusto C. Belluscio y coordinada por Eduardo A. Zannoni, t. 5, publicado en 1984, en esp. parágs. 33 y 34 del comentario al art. 1113, ps. 492/500, Ed. Astrea; Trigo Represas, en los trabajos "Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores", LA LEY , 1986-D, 479-485, y "Un nuevo trascendental aporte a la teoría del riesgo recíproco en la colisión de automotores", LA LEY , 1990-B, 274/280, y su obra con la colaboración de Rubén H. Compagnucci de Caso, "Responsabilidad Civil por accidentes de automotores", t. 2b, publicado en 1987, parág. 20 d; ps. 434 y sigtes., Ed. Hammurabi; Jorge Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", t. II-B, publicado en 1973, núm. 208, en esp. p. 45, Ed. Ediar; Roberto H. Brebbia, "Problemática jurídica de los automotores", t. I, núm. 12, ps. 263/268, en esp. p. 265 y sus citas, Ed. Astrea, 1982; Ramón D. Pizarro, "Accidente de tránsito: colisión entre dos o más automotores. El riesgo recíproco", LA LEY , 1983-D, 1006/1012, en esp. punto 8 en p. 1010; su valiosa tesis doctoral "Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas", ps. 546/551, Ed. Universidad, 1983 y su nota a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, "Consolidación de una acertada jurisprudencia", JA, 1990-IV-365/370; Atilio Aníbal Alterini, "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores", LA LEY , 1988-D, 296/304, nota a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su "Curso de Obligaciones", con la colaboración de Ameal y López Cabana, t. II, núm. 1728-4, ps. 425 y sigtes.; entre otros).

Por su parte Llambías concluyó por descartar que en la colisión de dos automotores hubiera riesgo compartido que neutralizase las presunciones ("Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", t. IV-B, núm. 2888, ps. 217/218 y notas 247 y 248 al pie, Ed. Perrot, publicado en 1980) con lo que modificó parcialmente lo que había preconizado en punto a la distribución paritaria de los daños sufridos por ambos (ídem, t. III, núm. 2294, letra b, ps. 730/734, publicado en 1973).

En la doctrina judicial, ha sido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al descartar la tesis de la "neutralización", el tribunal que afirmó la vigencia en nuestro derecho de la tesis del riesgo recíproco ("Sacaba de Larosa c. Vilches" del 8 de abril de 1986, LA LEY , 1986-D, 483/486; "Arozarena de Gando c. Arias", del 17 de abril de 1990, LA LEY , 1990-D, 25/26). En la misma dirección, variando el criterio anterior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el caso "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c. Provincia de Buenos Aires y otro", del 22 de diciembre de 1987, LA LEY , 1988-D, 296/301). Criterio también sustentado por la Suprema Corte de Santa Fe (JA, 1990-IV-363/365).

En suma, el choque entre dos vehículos en movimiento pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro (art. 1113, párr. 2°, "in fine") con fundamento objetivo en el riesgo; para eximirse cada uno de los responsable debe probar e invocar la culpa de la víctima, la de un tercero por la que no deba responder o el caso fortuito ajeno a la cosa que fracture la relación causal.

Por estas consideraciones como doctrina legal obligatoria (art. 303, Cód. Procesal) se resuelve: "La responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Cód. Civil".

Los titulares de las vocalías N° 10, 31 y 35, doctores Russomanno, Estévez Brasa y Giardulli, no intervienen por hallarse en uso de licencia. La vocalía N° 12 se halla vacante. Asimismo, los titulares de las vocalías N° 19, 23 y 28 doctores Bellucci, Gatzke Reinoso de Gauna y Brilla de Serrat, no intervienen toda vez que a la fecha de la convocatoria al Acuerdo --23/8/94--, las mismas se hallaban vacantes. La doctora Conde no firma por hallarse en uso de licencia. -- Carlos R. Degiorgis (en disidencia). -- Gladys S. Alvarez. -- Ana M. Luaces. -- Hugo Molteni. -- Jorge Escuti Pizarro. -- Luis López Aramburu. -- Gerónimo Sansó. --José A. Martín de Mundo (en disidencia). -- Javier Ruda Bart (por sus fundamentos). -- Jorge H. Alterini (por sus fundamentos). -- José L. Galmarini (por sus fundamentos). -- Alberto J. Bueres. -- Osvaldo D. Mirás (con aclaración). -- Juan C. Dupuis (con aclaración). -- Mario P. Calatayud (con aclaración). -- Elena I. Highton de Nolasco. -- Fernando Posse Saguier. -- Roberto E. Greco (por sus fundamentos). -- Leopoldo L. V. Montes de Oca. -- Marcelo J. Achával. -- Claudio M. Kiper. -- Julio Ojea Quintana (en disidencia y por sus fundamentos). -- Delfina M. Borda (en disidencia y por sus fundamentos). -- Eduardo L. Fermé (por sus fundamentos). -- Luis G. Lérida (en disidencia). -- Zulema D. Wilde. -- Julio R. Moreno Hueyo (en disidencia). -- Emilio M. Pascual. -- Carlos Polak. -- Hernán Daray (en disidencia y por sus fundamentos). -- Carlos H. Gárgano (con ampliación de fundamentos).

 

Disidencia de los doctores de Mundo, Ojea Quintana, Borda, Lérida, Degiorgis, Moreno Hueyo y Daray, dijeron:

Esta minoría sin desconocer las diversas posturas doctrinales y jurisprudenciales emitidas sobre el tema en convocatoria, inclusive por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ejercicio de su jurisdicción ordinaria, responde en forma afirmativa a la propuesta del plenario. Por lo tanto considera que tratándose de colisiones de vehículos en movimiento, no resulta aplicable el art. 1113, párr. 2°, del Cód. Civil en tanto presume la culpabilidad del dueño o guardián del rodado, ya que en tales casos está ausente el presupuesto que explica esa presunción, a saber, la diversa peligrosidad de las situaciones creadas por los partícipes, exorbitándolos del ámbito y del propósito de dicho precepto por lo que corresponde resolver la cuestión en atención a lo normado por el art. 1109 del citado cuerpo legal y, coincidentemente en lo que hace a la carga de la prueba se debe aplicar la regla del art. 377 del Cód. Procesal.

En tal supuesto la responsabilidad no puede fundarse en el riesgo creado, porque los dos vehículos crean riesgos, de tal modo que este fundamento de la responsabilidad queda neutralizado. Y por ello la cuestión debe decidirse rigurosamente a la luz de la culpa de los conductores (conf. Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t. II, n° 1527, p. 379; Jorge Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil ", p. 261, n° 700 y p. 369, n° 1071 ter; Alfredo Orgaz, "La culpa", n° 96, p. 238 y siguientes).

Al respecto sostiene Orgaz en la obra citada que con el principio del riesgo la solución que lógica y equitativamente corresponde es aquella primitiva de la jurisprudencia francesa: cuando el riesgo es el mismo y de igual grado --choque de dos automóviles, choque de dos motocicletas, etc.--, las responsabilidades emergentes del riesgo se neutralizan y quien pretenda indemnización deberá probar la culpa del otro. Y ello así desde que la responsabilidad por riesgo constituye una excepción al principio general de la responsabilidad --que exige la prueba de la culpa, art. 1109-- y, por tanto, un beneficio en favor de un damnificado que se halla en situación de inferioridad con respecto a la carga de la prueba. No se justifica en cambio cuando esa responsabilidad se enfrenta con otra de la misma naturaleza, sea el daño unilateral o recíproco (conf. Garrido-Andorno, "El art. 1113 del Código Civil", ps. 473/4 y sus citas).

Por estas consideraciones como doctrina legal obligatoria (art. 303, Cód. Procesal) se resuelve: "La responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Cód. Civil". -- José A. Martín de Mundo. -- Julio Ojea Quintana. -- Delfina M. Borda. -- Luis G. Lérida. -- Carlos R. Degiorgis. -- Julio R. Moreno Hueyo. -- Hernán Daray.

 

Fundamentos del doctor Alterini:

 

Al responder por la negativa a la cuestión que motiva este fallo plenario y por consiguiente sumar mi voto al de la conclusión mayoritaria, es menester que formule algunas precisiones.

Desde antaño, concretamente a partir de la causa "Gaona Castillo, Federico c. Caserta, Mario O. y otro", fallada por la sala C, de esta Cámara el 1° de junio de 1976, he sostenido invariablemente, por los fundamentos allí vertidos y a los cuales me remito, que no corresponde ubicar al automotor como generador necesario de "riesgos", pues hay que atender a las hipótesis especiales para precisar si median o no riesgos de esa cosa y ellos no deben ser unidos a su mero desplazamiento. Por tanto, concluí que en principio era aplicable el primer apartado del párr. 2° del art. 1113 del Cód. Civil, que establece la presunción de culpa del dueño o guardián en los supuestos de daños causados con cosas (ver LA LEY , 1978-A, 17 y sigtes. y ED, 68-451 y siguientes).

Sin perjuicio del enfoque jurídico referido, en un trabajo elaborado con quien fuera distinguido colega de sala el doctor Agustín Durañona y Vedia, ubicado en la tesis contraria, coincidimos en que la disputa tenía perfiles esencialmente teóricos pues en todos los numerosos precedentes judiciales finalmente habíamos concluido de manera idéntica. Por tal razón titulamos nuestro aporte: "Superación de algunas pretendidas diferencias entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva con culpa presunta", en "Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina", t. II, ps. 93 y sigtes., Buenos Aires, 1990.

Sobre el tema motivo del plenario, nunca me pronuncié concretamente, pues me pareció innecesario hacerlo ante las peculiaridades fácticas de los distintos actuados, que hacían estéril e inconducente una definición sobre ese aspecto.

Mi voto se integra a la conclusión mayoritaria, pues no tengo dudas de que la mera detenida lectura del art. 1113, al menos para quienes participamos del criterio acerca de que la regla es la responsabilidad subjetiva con culpa presunta, convence de que tal presunción de culpabilidad para el dueño o guardián de la cosa subsiste con relación a cada uno de los automotores aunque sean partícipes de una colisión plural, sin que sea compartible la neutralización de presunciones, carente de todo fundamento normativo. -- Jorge H. Alterini.

Por razones análogas, me adhiero a los precisos fundamentos vertidos por mi distinguido colega, doctor Alterini, en su meditado voto. -- Javier M. Ruda Bart.

 

Fundamentos del doctor Galmarini:

 

Tal como ha sido formulada la cuestión acerca del marco legal aplicable genéricamente a la responsabilidad emergente de accidentes de tránsito en los que intervienen pluralidad de automotores en movimiento, considero que corresponde votar por la negativa a la pregunta sobre si debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Cód. Civil, pues por tratarse de daños producidos con o por cosas resulta evidentemente aplicable el párr. 2° del art. 1113 del Cód. Civil. Pero como se encuentra íntimamente vinculada con esa cuestión la discrepancia doctrinaria y jurisprudencial acerca de si la hipótesis sometida a votación es un supuesto de responsabilidad objetiva o subjetiva, debo poner de manifiesto el criterio que sustenté al poco tiempo de incorporarme a la sala C de este tribunal al emitir mi voto en los autos caratulados " La Nueva Sociedad Coop. de seguros Ltda. c. Olivera, Carlos O. y otra s/sumario" y "Rizzo, Antonio c. Olivera, Carlos O. y otra s/sumario", cuyo pronunciamiento se dictó el 5 de marzo de 1992 (L. 94.782). Allí opiné que no era necesario para la solución del caso adherirse al criterio doctrinario de las presunciones concurrentes de causalidad o al de neutralización de presunciones, pues sea por éstas o por cualquier teoría que se adopte, generalmente se llega a la misma solución. Desarrollé algunos aspectos de ambas teorías que obstan a la aplicación genérica de éstas a todos los casos de choques entre dos o más vehículos en movimiento, sin atender a las circunstancias singulares de cada uno de ellos.

En cuanto a la teoría de la neutralización de presunciones, con fundamento en una suerte de neutralización de los peligros originados por quienes pusieron en circulación los dos automotores, la considero inaceptable porque si efectivamente se las considera cosas generadoras de riesgo o peligrosas, en lugar de neutralizarse, disminuirse o anularse, los riesgos o peligros se aumentarían, o repotenciarían, y si ello ocurre no puede concluirse que justifiquen la neutralización de presunciones. Como recuerda Félix Alberto Trigo Represas, para que las presunciones se neutralicen sería preciso que fueran en sentido contrario ( LA LEY , 1990-B, 278).

Con respecto a la tesis del "riesgo recíproco", desde la perspectiva del juez que debe decidir un caso concreto, pienso que sus seguidores pueden equivocar el enfoque por examinar analíticamente, en forma separada y parcializada, tanto el párr. 2° del art. 1113 del Cód. Civil, como las hipótesis de choque con las que ejemplifican. Así Trigo Represas alude al supuesto de choque entre un automóvil y una bicicleta, y destaca que la ley presume que el automovilista es responsable de los daños que haya causado el automóvil y el ciclista de los que haya causado su bicicleta, por considerar que no hay una acción única, sino dos acciones distintas y en cada una obra una presunción de responsabilidad, hay una víctima y un autor. Pero como se trata de un mismo accidente, para producirse han debido concurrir cada una de esas acciones y estimo que no corresponde quedarse con el análisis por separado de ellas, sino realizar un examen conjunto de las circunstancias. No basta, a mi ver, la determinación de la causa física del daño, sino apreciar en conjunto los hechos y acciones de cada uno de los vehículos que intervinieron, que permitan descubrir la causalidad del accidente. En cuanto a la norma en sí, considero que no debe apreciársela en dos tiempos, uno la presunción y otro la excepción, sino en conjunto, y recordando que contempla el caso de daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. Por lo que frente a un caso judicial concreto deberá previamente apreciarse si el daño se produjo por ese riesgo o vicio, y no presumirlo sin más. Lo que la ley contempla es la presunción de causalidad, y no que la cosa es generadora de riesgo o que tiene un vicio. Cuando se trata de dos vehículos en movimiento, contrariamente a lo afirmado por los partidarios de la tesis de riesgo recíproco, considero que la existencia de esos riesgos deben ser debidamente justificados y no presumidos, pues bien puede ocurrir que de los dos vehículos afectados en el accidente uno de ellos no haya sido generador de riesgo aunque también se encontrara en movimiento, o que el riesgo careciera de entidad para causar el daño y éste se produjera por el mismo riesgo --hecho acto-- generado por el otro vehículo.

A su vez, el art. 1113, párr. 2° del Cód. Civil, contempla explícitamente como eximentes de responsabilidad la acreditación de culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, a las que se agrega el caso fortuito (arts. 513 y 514, Cód. Civil). Lo que la norma prevé como eximición es, en los tres supuestos, la existencia de una causa ajena, los dos primeros se refieren a la culpa --de la víctima o del tercero--, apareciendo aquí la culpa de otro como causa ajena o exterior al riesgo o vicio de la cosa, pero aunque sea como causa, igualmente cuando se invoca la culpa del otro participante, la cuestión sobre la culpabilidad debe ser apreciada por el juez. En cuanto a la restante eximente cabe recordar que el caso fortuito que quiebra la relación de causalidad en la responsabilidad por el riesgo o vicio es el externo a la cosa causante del daño, pues el interno se confunde con la esfera de acción del riesgo propio de la cosa o consistiría en el vicio de ella (Jorge Horacio Alterini y Agustín Durañona y Vedia, "Superación de algunas pretendidas diferencias entre la responsabilidad objetiva y subjetiva con culpa presunta", en "Responsabilidad por daños", Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, t. II, p. 105, y doct. citada).

Estas consideraciones me llevan a concluir que no cabe descartar para todos los supuestos la solución que deriva de la tesis de los riesgos recíprocos, pero la necesidad de considerar las eximentes de responsabilidad contempladas por la ley cuando son invocadas, aconseja seguir el criterio según el cual la verdadera trascendencia de la concepción objetiva aparece cuando el factor subjetivo no pudo ser probado (Aída Kemelmajer de Carlucci, com. al art. 1113 en "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", dirigido por Augusto César Belluscio, t. 5, p. 497), donde se recuerda lo afirmado por Orgaz: "frente a un caso de accidente de automóvil, el juez examinará, como lo ha hecho siempre, las circunstancias del hecho y apreciará --no podrá dejar de hacerlo, aunque quisiera-- las conductas del lesionante y de la víctima, la corrección o el defecto de comportamiento de uno u otro, esto es, la culpabilidad o inculpabilidad de los protagonistas del accidente... Sólo cuando la culpa no existe o no aparece probada, el principio del riesgo ocupa su lugar" (op. y loc. cit., nota n° 359, Orgaz, "La culpa", p. 206).

Sobre la base de estos razonamientos llegué a la conclusión de que para resolver un caso concreto, no corresponde partir de las presunciones que surgirían de la aplicación de la tesis de los riesgos recíprocos, sino que previamente se deben apreciar las pruebas de las circunstancias del caso, para determinar en primer lugar si la cosa es generadora de riesgo o tiene algún vicio y luego, si se trata de alguno de estos supuestos, examinar si existe o no causa ajena, entre ellas culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, y si ello no ocurre y se justifica la relación causal entre los daños y las cosas generadoras de riesgos o con vicios, aplicar las presunciones concurrentes de causalidad. Tal fue el criterio sustentado en el precedente de la sala antes mencionado.

Pero, además, para decidir la materia de esta convocatoria estimo de interés destacar que como en el choque múltiple de automotores intervienen cosas, a mi juicio no existe duda de que no corresponde soslayar la aplicación del párr. 2° del art. 1113, tanto se considere que se trata de daños producidos con la cosa, como que se entienda ocasionados por el riesgo o vicio de aquélla; o sea que la responsabilidad se funde en la culpa presumida prevista por la primera parte del mencionado párr. 2° del artículo citado, o en la presunción de causalidad contemplada en la segunda parte del mismo párrafo de dicha norma. Por todo lo expuesto doy mi voto por la negativa. -- José L. Galmarini.

Aclaración de los doctores Mirás, Dupuis y Calatayud.

 

Si bien los suscriptos con anterioridad, nos hemos pronunciado por la aplicación del art. 1109 del Cód. Civil en los casos de daños y perjuicios causados por la colisión plural de automotores en movimiento, un nuevo análisis de la cuestión a raíz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re": "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c. Provincia de Buenos Aires y otro" (diciembre 22/87, Fallos: E: 78-XX), nos lleva a votar en el sentido mayoritario. -- Osvaldo D. Mirás. -- Juan C. Dupuis. -- Mario P. Calatayud.

 

Voto del doctor Greco:

 

Mi opinión en el tema ha quedado expuesta en el caso "Biancucci, Marcelo M. c. Estado nacional - Ministerio de Defensa", del 4 de setiembre de 1991 (JA, 1992-I - 347/353 y LA LEY , 1992-C, 128/136, esta última con nota de María Delia Pereiro en la que propicia una legislación que unifique criterios) y reiterada el 27 de setiembre de ese año en autos "Staffolani, Luis A. c. Superreguy" ( LA LEY , 1992-C, 432/435). En homenaje a la brevedad, doy por reproducidos los fundamentos que, en lo substancial, aparecen literalmente transcriptos en el voto impersonal de la mayoría. Hice constar allí que la mención de antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales no era exhaustiva. Una reseña de fallos, más completa y actualizada, puede verse en el trabajo de Fernando Alfredo Sagarna, "El vicio, los riesgos recíprocos y el factor etiológico en la causación de perjuicios" publicado en LA LEY , 1994-C, 361/66, como nota al fallo de la sala C del 16 de marzo de 1993 "in re": "Coronel, Rubén A. c. Acevedo", con primer voto del doctor Galmarini, en esp. notas 9-, 10- y 14-.

En el orden doctrinario, el doctor Jorge H. Bustamante Alsina modificó su anterior criterio, favorable a la neutralización de responsabilidades del dueño y guardián de uno y otro vehículo, en la 6ª edición de su "Teoría general de la responsabilidad civil" publicada en 1989, y adhirió a la aplicabilidad del art. 1113 párrafo referido al principio de responsabilidad objetiva por riesgo creado, punto de vista que reiteró al comentar el fallo de la sala F del 2 de agosto de 1991 en el caso "Borisiuk, Juan y otro c. Ibarra" con voto del doctor Bossert ( LA LEY , 1991-E, 337 y sigtes.). Y en fecha más reciente, el doctor Guillermo A. Borda, uno de los principales sostenedores de la tesis de la neutralización de riesgos, ya no insiste en sus argumentos anteriores en pro de este punto de vista y se limita a consignar la evolución de la jurisprudencia y doctrina hoy predominante ("Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", 7a. ed. con pie de imprenta del 4 de enero de 1994, t. II, n° 1527, ps. 380/381 y nota 2390 bis 2- al pie), sin perjuicio de la invocabilidad y prueba de la culpa del conductor del vehículo pretendiente de la indemnización, extremo que funciona como eximente. Por estas razones, voto por la negativa. -- Roberto E. Greco.

 

Voto de los doctores Borda y Ojea Quintana:

 

Sin desconocer la autoridad de las opiniones doctorales extranjeras y nacionales citadas en el voto de mayoría, que en forma hoy preponderante no admiten el criterio favorable a la compensación de presunciones anteriormente seguido por prestigiosos autores y la jurisprudencia de nuestro país, como tampoco la autoridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , que ha recogido aquella postura en el ejercicio de su jurisdicción originaria; sin desconocer nada de ello, estimamos que subsisten razones valederas para encuadrar el caso que nos ocupa en el art. 1109 y no en el art. 1113, párr. 2° del Cód. Civil, y que las críticas formuladas a este enfoque no resultan decisivas.

Aunque no se encuentra sometida al plenario la cuestión relativa a si, mediando la participación de automotores en movimiento, los daños deben considerarse producidos con la cosa o por su riesgo, es obvio que, en ambos casos, se trata de daños provenientes de las cosas. Ahora bien, tanto la presunción de culpa prevista por la ley en la primera de esas hipótesis, como la responsabilidad objetiva contemplada en la segunda en virtud del riesgo creado, de la existencia de una obligación de garantía o de cualquiera de los otros fundamentos atribuidos a dicha responsabilidad, suponen, en última instancia, que la relación de una de las partes con la cosa interviniente en la producción del daño crea una cierta desigualdad entre las mismas, la cual justifica el diverso tratamiento que se les dispensa a través de las referidas presunciones. Porque una de las partes introduce en el hecho la mediación de una cosa, que depende de ella, generando así aquella desigualdad frente a la otra, es que adquieren pleno sentido dichas presunciones de culpabilidad o de responsabilidad previstas en la ley. De ahí que, ausente tal presupuesto ante la intervención de cosas de ambas partes, con el consiguiente equilibrio de posiciones, la solución legal no resulta aplicable. El caso no encuadra ya en el citado art. 1113, párr. 2°, debiendo encontrar remedio en el art. 1109 del Cód. Civil.

En sentido concordante --bien que con referencia sólo a los daños causados por el riesgo de las cosas-- sostuvo Orgaz: "En nuestra ley, con el principio del riesgo, la solución que lógica y equitativamente corresponde es aquella primitiva de la jurisprudencia francesa: cuando el riesgo es el mismo y de igual grado --choque de dos automóviles entre sí o de dos motocicletas, etc.-- las responsabilidades emergentes del riesgo se neutralizan y quien pretenda indemnización deberá probar la culpa del otro (art. 1109). Es solamente un argumento verbalista aducir, en contra de esta solución, que 'el accidente se vinculaba, a la vez, a los riesgos de dos vehículos, lo que debía conducir lógicamente a una doble responsabilidad, y no a una ausencia de responsabilidad' (Savatier, ob. y lug. cits.). Es más jurídico destacar que la responsabilidad por el riesgo constituye una excepción al principio general de la responsabilidad --que exige la prueba de la culpa, art. 1109-- y, por tanto, un beneficio en favor de un damnificado que se halla en situación de inferioridad con respecto a la carga de la prueba. No se justifica, en consecuencia, cuando esa responsabilidad se enfrenta con otra de la misma naturaleza, sea el daño unilateral, sea recíproco. Este fundamento no permite tampoco tal distinción" (Alfredo Orgaz, "La culpa", n° 96, Ed. Lerner, Buenos Aires, 1970).

Cabe puntualizar, por último que sentada la inaplicabilidad del art. 1113, párr. 2° del Cód. Civil a los casos examinados, las objeciones formuladas a la neutralización de presunciones pierden relevancia. En efecto, en tales condiciones poco importa la ausencia de norma expresa que contemple dicha neutralización; como tampoco que no concurran los requisitos que la tornarían posible lógicamente.

Por estas consideraciones, votamos por la afirmativa. -- Delfina M. Borda. -- Julio M. Ojea Quintana.

 

Fundamentos del doctor Fermé:

 

He sumado mi voto a la mayoría respondiendo por la negativa a la cuestión propuesta, pero debo formular ciertas aclaraciones o precisiones.

En primer lugar, que pese a las consideraciones que se vierten en ese voto formulado en forma impersonal, no resulta cuestión sometida al plenario la determinación de si el automotor debe considerarse generador de "riesgos" y las circunstancias en las que eventualmente ello puede ser así. En ese sentido, participo de las puntualizaciones que efectúa el doctor Alterini, pues comparto sobre el punto su opinión. En cuanto al tema motivo del plenario, que no lo es si corresponde o no la neutralización de riesgos, sino si resulta o no aplicable el art. 1109 del Cód. Civil en circunstancias en las que pudieran concurrir presunciones de responsabilidad con base subjetiva por culpa presunta o bien con base objetiva, desde larga data tengo tomada posición. En efecto, en ocasión de dictar sentencia como juez de primera instancia dije sobre el particular: "No desconozco la fuerte corriente jurisprudencial y doctrinaria que considera que en estos casos, en los que participan dos automotores se da (según la posición adoptada) o bien una anulación de la responsabilidad objetiva, o la desaparición de la presunción de culpa, retornándose a los principios generales que regulan la carga de la demostración; pero como está en juego un daño único o por lo menos un solo reclamo al respecto, no existe neutralización posible, ya que ella requeriría la presencia de dos presunciones en juego, y cuando uno solo de los protagonistas reclama indemnización, la presunción de culpa que opera en su favor no queda detenida por ninguna otra, pues como señala Llambías, el damnificado no puede ser sospechado de culpable de un daño inexistente o no reclamado por el demandado ("La culpa de la víctima como causa eximente de responsabilidad civil", JA, 1974, Doctrina - 6 y sigtes.). De todos modos, adviértase que el sistema de responsabilidad civil queda --salvo supuestos de responsabilidad objetiva-- elaborado sobre el principio de la culpa. Por ello, cabe partir del análisis de la prueba existente, para, en defecto, de la prueba de ella, hacer jugar la presunción establecida por la ley a favor del accionante, presunción que, desde luego, puede resultar destruida por la prueba de la falta de culpa en forma positiva" (sentencias del 15 de octubre y 19 de noviembre de 1976, exptes. 198.535/76 y 198.409/75, Juzgado Nacional de Primera Instancia Especial en lo Civil y Comercial N° 5). Igual criterio dejé sentado en la primera ocasión en que la cuestión se presentó luego de integrar la entonces sala II de la Cámara del fuero mencionado (sentencia del 30 de noviembre de 1983, expte. 66.044). Tan antiguas referencias, como las que menciona el doctor Alterini, ponen de relieve que lo que ahora se presenta como la "opinión generalizada de nuestra doctrina más moderna" ya había inspirado la decisión contenida en numerosos fallos de nuestros tribunales. -- Eduardo L. Fermé.

 

Ampliación de fundamentos del doctor Gárgano:

 

Admitir la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re": "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c. Provincia de Buenos Aires y otro" (diciembre 22/987, Fallos: E: 78-XX), evita los fallos contradictorios de los distintos tribunales del país y los trámites recursivos, con el consiguiente desgaste de tiempo y dinero, que atenta contra la economía procesal. De lo contrario se mantiene la inseguridad y se fomenta el escándalo jurídico porque cuestiones análogas quedarían resueltas en sentidos diferentes según proceda o no el recurso extraordinario (Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , por Néstor Pedro Sagüés, publicado en ED, 93- 891/900).

Por ello, he decidido compartir el voto de la mayoría. -- Carlos H. Gárgano.

 

Disidencia del doctor Daray:

 

No insistiré en argumentos vertidos en otras ocasiones, en otras publicaciones propias o en la innumerable cantidad de sentencias en las que he adoptado un temperamento coincidente con un voto afirmativo a la cuestión planteada, que mantengo en este caso, sino que vertiré, en esta ocasión, mis fundamentos intentando apoyarme en nuevas ideas.

La norma del art. 1113, párr. 2°, apart. 2° del Cód. Civil importa la determinación de una situación asimétrica para las partes en el litigio. Ello es así por cuanto establece la inversión de la carga de la prueba para una de ellas --propietario o guardián de la cosa riesgosa o viciosa-- y con la limitación de su defensa, que sólo puede tener éxito en caso en que demuestre que hubo culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

La palabra víctima empleada por la norma en estudio tiene una clara connotación humana y está indicando el sentido de la misma que es el de proteger a los peatones frente al riesgo que implica la circulación de los automotores.

La referencia al factor humano señalado no es casual ni irrelevante, sino que, a poco que se analicen los acontecimientos históricos en el marco de los cuales fueron construyéndose los precedentes jurisprudenciales de nuestro país que dieran posteriormente lugar a la introducción de la reforma de la ley 17.711, así como también, si se analiza la legislación y jurisprudencia comparada, tal el caso de la jurisprudencia francesa citada por la mayoría, se verá que, en todos los casos, el discurso jurídico estuvo inspirado y vino a dar respuesta a los problemas que surgieran como consecuencia de los avances del maquinismo.

Así lo entienden también los hermanos Henri y León Mazeaud y André Tunc, quienes al referirse al desenvolvimiento de la Corte de Casación Francesa previo al sonado plenario "Jand'heur c. Les Galeries Belfortaises" de 1930 --citado por la mayoría-- señalan que, mientras el maquinismo no se hallaba aún suficientemente desarrollado, la Corte de Casación no sintió todavía la necesidad de aplicar principios distintos a los formulados en el art. 1382 del Código Civil Francés, y el párr. 1° del art. 1384 fue tomado por mucho tiempo como una disposición sin significado propio, como un simple anuncio de los preceptos que le seguían. Sin embargo, hacia este párr. 1° del art. 1384 debieron volverse los juristas el día en que el hombre le dio el movimiento a la materia y en que, con progresiva frecuencia, cayó víctima de esa fuerza ciega que él había creado pero que no sabe domar sino imperfectamente. Los accidentes, especialmente los laborales, causados por el equipo industrial, obligan a otorgarle a las víctimas una protección más eficaz --ya que obligar a los obreros a seguir probando la culpa del patrono en estos casos importaba negarles casi siempre la posibilidad de ser indemnizados-- , dicha protección consistirá en aligerar la carga de la prueba, y que en el caso francés, se encontrará en la nueva utilización e interpretación del art. 1384. Los accidentes debidos a las trilladoras mecánicas y, por último, la explosión de la caldera de un remolcador, condujeron a la Cámara Civil y al Consejo de Estado (1895/1896) a adoptar la nueva tesis, que, junto con el avance de la circulación automotriz y los consecuentes accidentes producto de ella, terminaron con el decisivo fallo plenario de febrero de 1930 (conf. Mazeaud Henri y Mazeaud León, Tunc André, "Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual", t. II, v. II, ps. 117 y sigtes., Ed. Jur. Europa-América, 1962).

Así entonces, la inversión de la carga de la prueba en los casos que se analizan, tuvo también en Francia por objeto allegar a las víctimas --seres humanos-- una mayor protección frente al desarrollo y auge del aparataje tecnológico. Surgió, pues, en función de esa situación de base asimétrica a la cual ya he hecho referencia.

Luego, lo que en nuestro ámbito nació como una presunción de inocencia tuitiva del peatón, se amplió por extensión de la elaboración jurisprudencial a los inmuebles dañados por la embestida de un rodado y a los rodados estacionados.

El esquema era entonces el rodado en movimiento frente a otra persona o cosa que en la situación fáctica se hubiera encontrado en desigualdad de condiciones.

Esa asimetría que la ley presume que existió en el origen en el mundo de lo real pasaría simbólicamente al discurso jurídico alterando los principios generales de la carga de la prueba, inspirados en la igualdad de los litigantes en el juicio, y coincidentes con la garantía constitucional de igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley.

Cuando el accidente se produce entre dos rodados en movimiento desaparece esa situación de base asimétrica, lo cual torna inaplicable cualquier presunción de culpabilidad en alguno de ellos por el solo hecho de ser rodados en movimiento.

Esto permite el funcionamiento de las presunciones establecidas en la reglamentación de tránsito a tenor de la gravedad de determinadas infracciones: por ejemplo, velocidad excesiva, prioridad de paso, virajes antirreglamentarios, violación de las indicaciones de las luces del semáforo, etcétera.

A la par de las referidas, la jurisprudencia fue elaborando algunas presunciones "hominis" derivadas de la calidad de embestidor, del lugar donde recibieron el impacto los rodados, etcétera.

Pero todo ese cúmulo de presunciones nunca eludió la cuestión de la culpabilidad como fundamento último de la responsabilidad civil, cuestión que el voto de la mayoría relega a un plano casi hipotético, tornando con ello casi lírica la norma fundante en materia de cuasidelitos, que es el art. 1109 del Cód. Civil.

La prescripción que consagra la teoría del riesgo constituye un supuesto excepcional por el grave peso que tiene en el proceso en cuanto a la distribución de la carga de la prueba y a la limitación de la defensa y como tal debe ser de interpretación restrictiva.

También debe tenerse en cuenta los supuestos en que al momento del accidente uno de los dos rodados tuviera una falla --gomas lisas, desperfectos en el sistema de frenos o en la dirección-- que evidentemente lo ubicaría además dentro de la responsabilidad por vicio de la cosa y entonces sí podría pensarse en la presunción en contra que implica el art. 1113, párr. 2°, apart. 2°.

La solución de la mayoría, en tanto hace funcionar la presunción legal por el solo hecho de ser rodados en movimiento con independencia de la persona o cosa con la que contacta, impediría acordar ninguna consecuencia jurídica para los vehículos que circulan con vicios que los tornan evidentemente como más peligrosos para la sociedad.

Es que los graves desperfectos, actúan, según enseña mi larga práctica tribunalicia, como concausa en la producción de ciertos accidentes siendo dable presumir, en algunos casos, que de no mediar los desperfectos, el infortunio podría haberse evitado. Ello así, la falla mecánica puede ser una circunstancia grave y trascendente que justifique la aplicación de la teoría objetiva del riesgo por vicio de la cosa, entre vehículos en movimiento.

La tesitura de la mayoría, lejos de paliar el grave problema que enfrenta nuestro país en materia de accidentes de tránsito, pareciera incentivarlo en la medida en que la enorme irresponsabilidad que implica salir al tránsito con un rodado que puede llegar a ser incontrolable por su mal estado de conservación, no acarrearía ninguna consecuencia en un futuro juicio.

Así lo ha entendido también Garrido Andorno quien en su publicación "El art. 1113 del Código Civil: comentado, anotado" (Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1983) concuerda con mi opinión, sustentada en "La teoría del riesgo y los accidentes de tránsito" (ED, 101-890), señalando, además, que la conjunción "o" --riesgo "o" vicio-- de la referida norma obliga a interpretar que en cualquiera de esos dos supuestos tiene vigencia la presunción legal en cuestión.

Lo hasta aquí señalado me lleva a pensar que la concepción cosa riesgosa o cosa con vicio, siguiendo la polaridad aristotélica, tiene que ver más con una noción del riesgo o vicio en acto que en potencia. Si se la hace funcionar solamente por el hecho de tratarse de automotores en movimiento y no se tiene en cuenta a la persona o cosa con la que impacta, se estaría dentro del marco del riesgo o vicio en potencia y no en acto.

En ese orden de ideas, la concepción que inspira la teoría del riesgo y su repercusión en materia de accidentes de tránsito, indica que la circulación de automóviles, aun en mal estado de conservación no genera de por sí ningún ilícito civil. Lo mismo ocurre incluso cuando el conductor incurre en infracciones a las reglamentaciones pertinentes, por más grave que sean. Recién cuando esas actividades perjudican a otros, es que se produce un efecto de resignificación que las hace entrar en el ámbito de la responsabilidad civil.

Cabe apuntar también que la dificultad para obtener prueba en acontecimientos como los accidentes de tránsito, que a veces se producen en horas solitarias o, por el contrario, frente a una multitud que impide tener precisión sobre los hechos, incluso para los testigos presenciales, quienes también incurren en dudas o imprecisiones a raíz de la fugacidad de los hechos sobre los cuales debe testificar, puede convertirse en un elemento que incentive la expectativa del verdadero culpable inclusive como para demandar o reconvenir al otro u otros protagonistas del accidente, que por ser rodados en movimiento generarían en su favor el funcionamiento de la presunción legal de aplicarse la tesis propiciada por la mayoría. Es decir, se podría favorecer un dispendio de actividad jurisdiccional en caso de que el culpable inicie el juicio o reconvenga, con lo cual, ante la imposibilidad de una eficiencia probatoria, cada uno pagaría los daños del otro, relegando de hecho a su más íntima expresión, a la noción de culpabilidad que es en definitiva un elemento que hace a la esencia de la responsabilidad civil, tal como se desprende de la lectura del código pertinente de una manera estructural.

Por último, resulta asimismo importante señalar que, quien ha tenido una injerencia decisiva en la redacción de la normativa que se analiza, como el doctor Guillermo Borda, se ha expresado en su obra en forma contraria a la doctrina que hoy intenta imponer la mayoría (conf. Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", t. II, n° 1527, p. 379). En este sentido, su opinión resulta ilustrativa en forma certera acerca de cuál ha sido la voluntad del legislador al reformar al mentado art. 1113 del Cód. Civil, y merece ser atendida a la hora de pronunciarse en el presente plenario.

Ello es así, por cuanto, como lo he sostenido en anteriores ocasiones al expedirme en otros a cuerdos (CNCiv., en pleno, "Civit, Juan c. Progress S.A. y otro s/ resolución de contrato", del 22/2/1990), los jueces, en la tarea de exégesis de las normas legales, debemos reconocer como marco la decisión adoptada en el ejercicio del Poder Legislativo, en tanto se plasme en el texto legal y coincida simultáneamente con las fuentes fácticas o jurídicas que razonablemente pudieron pesar en ella.

Lo hasta aquí expuesto, justifica, en mi opinión, la aplicación de la jurisprudencia elaborada por la ex Cámara Nacional de Apelaciones en lo Especial Civil y Comercial que establecía que en el caso de accidente de tránsito entre rodados en movimiento debía aplicarse el art. 1109 del Cód. Civil con la distribución de la carga probatoria conforme a los dictados del art. 377 del Cód. Procesal. -- Hernán Daray.

 

 

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